Macri obligado a retomar la iniciativa ante la tensión judicial y social
El gobierno de Mauricio Macri se asomaba al mes de junio en un contexto altamente desfavorable. Para empezar, los distintos sectores de la oposición ya empezaban a pasarle la factura al gobierno acerca de la obvia imposibilidad de que se cumpla la promesa oficial acerca de una lluvia de dólares en el segundo semestre. En segundo lugar, la audiencia de una hora que Francisco le concedió a Hebe de Bonafini (al presidente sólo le concedió 22 gélidos minutos) le dio pie a aquélla para decir que “el Papa está triste” y que “estamos volviendo al 55”. Bonafini, a esta altura de su desprestigio, conduce poco y nada. Pero sí sirve como símbolo para el armado de un frente social contra el ajuste que encuentra su eco en el episcopado local.
En lo político, después de la sanción de la vetada ley antidespidos, la cooperación entre la Casa Rosada y Sergio Massa entró en declive. El tigrense ya no quiere pagar los costos políticos del malestar social y el PRO teme que se convierta en un rival formidable para las elecciones del año que viene. La creciente frialdad en la relación entre macristas y renovadores coincide con el avance de Elisa Carrió como vocera de la línea dura. Su embestida contra Ricardo Lorenzetti no puede interpretarse sino como una misión dada por Macri. Éste no se siente seguro mientras la Corte esté en manos del jurista de Rafaela, que teje sin cesar con el establishment, Héctor Magnetto y la embajada de los EEUU. Con formas distintas, Macri termina así con necesidades semejantes a las de Néstor Kirchner en el 2003: necesita una Corte más afín al gobierno pero a la inversa de aquél, no cuenta con un Congreso que le responda para este objetivo. Las sombras sobre el gobierno incluyen la reactivación de las sospechas sobre las cuentas off shore de Macri y el clima de escándalo que envuelve Comodoro Py con la nueva denuncia sobre la existencia de una supuesta coima que habría recibido el Juez Federal Sebastián Casanello para favorecer a CFK y perjudicar a Lázaro Báez. Éste es apenas uno de los síntomas de cómo la guerra de facciones en la justicia federal va en aumento peligrosamente, ante la pasividad del Consejo de la Magistratura.
En el frente interno del PRO tampoco soplan vientos favorables. La insistente versión de que Horacio Rodríguez Larreta podría estar sufriendo un incipiente Parkinson le complica a Macri su armado de poder. El Jefe de Gobierno ha sido hasta hoy una pieza casi insustituible del esquema de poder.
Un paso adelante
Jaqueado así por múltiples factores, el presidente está pasando al contraataque. Una batalla importante que está dispuesto a dar es evitar a toda costa que Hugo Moyano y los suyos se queden con el control de la AFA. Con las denuncias realizadas por Graciela Ocaña sobre la defraudación con los fondos del Fútbol para Todos, más los escándalos que implican a la AFA con el FIFAGATE, habría motivos de sobra para una intervención del organismo. Pero la FIFA sanciona fuertemente en lo futbolístico a los estados que intervienen a las federaciones locales. La semana que pasó, enviados de Macri empezaron a negociar con autoridades de la FIFA la posibilidad de una intervención conjunta de la AFA, es decir, con aval de aquélla. El nombre de Ocaña se sigue barajando y la amenaza contra Moyano por lo menos se insinúa.Con este panorama, el gobierno tenía que tomar la iniciativa y lo hizo a través del blanqueo y anuncio del pago a los jubilados.
Esto le abre un compás de expectativa que serviría para disimular la frialdad existente en materia de inversiones. Macri retomó así la iniciativa y ganó algo de tiempo. Un éxito que de ningún modo puede disimular la gravedad de la crisis social y del tembladeral judicial.
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