COLUMNISTAS CAUSAS Y VOTOS
Cerco imaginario
El Presidente apuesta al rédito electoral de causas judiciales. Un tiro por elevación a la propia Justicia.
METODO DE FIJACION Alejandra Gils Carbó Foto:Pablo Temes
Como dicen las escrituras, felices los que creen sin haber
visto, ya que por ahora una lista de intendentes –con preemimencia de
Avellaneda, Lomas de Zamora y Matanza, según mentas– son los que deben
arbitrar los aportes para actos como el de ayer en Mar del Plata,
segunda o tercera tierra de Daniel Scioli gracias a la vertiginosa expansión de la familia Aldrey Iglesias. No en vano, para unos pocos, es ¨La Feliz¨.
El
cerco imaginario a la viuda candidata esconde una conveniencia
politica. Se compone de un trámite inconcluso para liquidar en el
Consejo de la Magistratura al camarista Eduardo Freiler,
un ¨Chiche¨ de la ostentación, quien hasta ahora conserva la cabeza por
falta de número entre los que deben juzgarlo y sobre el que pesa hasta
una venganza personal atribuida al propio Presidente por historias
pasadas. Habrá que sumarle a Freiler el rosario de denuncias contra Julio De Vido,
repositor de la mayoría de las obras del anterior gobierno al que
imputan venalidades varias, quien quizás sea responsable de sus propios
errores. A poco de haber asumido, la revista Noticias le
dedicó un artículo que parecía convertirlo –como ocurrió– en el Emir
Yoma de Kirchner. No quiso replicar ese artículo, sostuvo informalmente:
¨Néstor no quiere que hable, no hablo. Así son las cosas en este
gobierno¨. Pero, lo presionó un periodista con la frase: ¨Difícilmente
Néstor te lleve cigarrillos a Devoto¨. A lo que contestó De Vido: ¨Así
son las cosas, así fueron en Santa Cruz, si no me gusta me tengo que
ir...¨. Y no se fue, claro. Tampoco habló, como otro que nadie convoca: Carlos Zannini.
La ofensiva judicial no se limita al volumen de los negociados y participantes, también incluye a la procuradora Alejandra Gils Carbó, odiada más por la influencia del cargo sobre los fiscales que por la sospecha de haberse hecho rica. Aun así, le cuesta desmontar una pesquisa sobre la compra de un edificio. Hasta el mismo Macri ha dicho que se la debe echar (pronunciamiento raro justo cuando ella concentra investigaciones y delaciones en el caso Odebrecht que merodean al propio Presidente) y en la disconformidad para cesantearla hasta se debatió la forma del despido: a través de un decreto, un juicio político o un desplante que la ofenda lo suficiente como para irse sin saludar (hace 20 días se prescindió del instrumento presidencial por consejo de Clusellas contra la opinión del decretista perenne, Rodríguez Simón).
Si se observan procesos vigentes, se concluye que todos remiten a Cristina
Esta
suma de causas tan publicitadas revela un fundamento de campaña que el
oficialismo pregona: las mafias, los sobreprecios, la corrupción, están
del otro lado, huelen al desodorante de Cristina. No pertenecen a María
Eugenia Vidal ni a Macri. Para ciertos encuestadores, mantener y
profundizar esta sensación colectiva será decisiva en el resultado de
los comicios, inclusive en la provincia de Buenos Aires.
Futuro. Se
cumplan o no los desalojos, las expulsiones o hasta alguna detención,
en el Gobierno reina un criterio político que no se agota en las
elecciones, persistirá en otras batallas con la Justicia. Apunta a un
propósito superior: desde remover la mayor cantidad de magistrados
federales al desplazamiento de Ricardo Lorenzetti, aunque
este último apetito se ha morigerado debido a que la incorporación de
Rosatti y Rosenkrantz, más el respaldo de Highton al dúo, le ha restado
poder y caprichos al actual titular de la Corte Suprema. Al menos eso
supone el Gobierno. Y aunque considera a Comodoro Py como una asociación
ilícita, casi sin excepciones y a pesar de que no le ha ido mal en sus
últimos procesos –Carrió sostiene que los jueces son corruptos o
medrosos–, también sabe que no podrá apartarlos en masa. Como
alternativa tal vez inunde el fuero con otros magistrados que lo
jibaricen y eso los obligue a compartir responsabilidades.
Más
de uno cree que además de incrementar gasto público, en rigor se
multiplicará el sistema de peajes. Por lo tanto, ofrecen reservas las
batallas de hoy y las futuras: hasta ahora rinden poco y no hay
garantías de que sirvan para ganar la guerra, ya que el Gobierno no supo
elegir lugar ni oportunidad para hacerlas, menos evaluó sus fuerzas. Y,
como se sabe, estas son condiciones básicas, ademas de tener generales
con suerte, pericia y destreza.
Desde que
inició su administración, Macri tuvo roces y dislates con la Justicia
(sin olvidar sus penurias municipales con el juez Gallardo). Calificaba a
Oyarbide como el peor juez de la historia, mientras proclamaba a
Galuccio y a Echegaray como funcionarios ejemplares del cristinismo.
Consumió cartuchos en la grosería de designar por decreto a dos
ministros de la Corte y, vía el ministro Garavano, supuso que Gils Carbó
se quedaría apenas seis meses en su cargo. Nada peor que un varón
engañado.
Al mismo tiempo, juraba que no iba a
tener operadores para aliviar o engordar causas como se especializó el
gobierno anterior, prometió un modelo de transparencia: desde entonces,
abundaron los espontáneos para ejercer esa tarea. Fracasó Angelici por
trabas internas, merodeó Torello, apelaron a Majdalani sin fortuna,
Arribas se estacionó y resiste con sus secretos, algunos medios
interesados hacen participar a sus periodistas en objetivos puntuales y
hasta mencionan a un reconocido dueño de diarios para instalarse en ese
ejercicio.
Contradictoria la autoridad del
mandatario por construirse un traje judicial a medida, cuando ya se sabe
que ese traje se confecciona siempre después que pasa el gobierno y
según el corte y confección que determinan los magistrados.
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