DE LA
SINTONÍA FINA AL SALTO DE FRECUENCIA
Queridos amigos:
Cuando el triunfo electoral de
Octubre del 2011 llenaba al gobierno de euforia y optimismo, la señora presidente
acudió al eufemismo de hablar de la necesidad de una “sintonía fina” para
referirse al comienzo de un ajuste lento y progresivo que debía recaer sobre la
parte de los subsidios que beneficiaban a los sectores de mayor poder
adquisitivo dentro de la sociedad. Era el inicio de un tibio reconocimiento del
estado crítico de las finanzas públicas y denotaba un atisbo de racionalidad en
medio de la desmesurada colección de cifras amañadas y datos exagerados, tendientes
a dibujar un panorama de éxitos y glorias económicas adonde solo había
problemas acumulados y expectativas de un futuro sombrío.
Hay analistas que sugieren que el plan de sintonía
fina se estrelló junto con el tren del Sarmiento que chocó en la terminal del
Once, mostrando crudamente que los millones abonados en subsidios habían sido
de tal modo malgastados que difícilmente
la ciudadanía aceptaría pagar más por tan ruines servicios. Otros aluden a que
el gobierno no pudo superar la contradicción interna que representaba reconocer
la necesidad de un ajuste, aunque fuera sectorial, con el agravante de que tal
acción sería a todas luces insuficientes ante el desmesurado deterioro de la
situación financiera. Lo cierto es, siguiendo con la metáfora radioeléctrica,
que la sintonía fina dejó lugar a un
brusco salto de frecuencia con el
que se pasó de la onda de soberbia
victoriosa a la de la furia
controladora y estatizadora, en
la que sólo resuenan las voces del oficialismo pretendiendo imponer el poder
total en todos los ámbitos de la vida social y económica del país.
Tres veces en cuatro días la
señora presidente se explayó desde la cadena nacional lanzando agravios,
amenazas, burlas, bromas, elogios a su gestión, anuncios y apelaciones. Señaló
reiteradamente las supuestas fallas para gestionar del gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, un hombre de su partido que le aportó millones de
votos en sus dos elecciones presidenciales pero que se permitió mencionar sus propias
aspiraciones para tal cargo. Denunció a un empresario inmobiliario que había
formulado declaraciones al diario Clarín acerca de los problemas que enfrenta
su actividad, poniendo en evidencia que lo había hecho investigar por la AFIP y
prometiendo un castigo que no tardó en concretarse. Se burló de la calvicie del
Ministro de Economía de España solo para hacer evidente su parecido con Domingo
Cavallo en una foto de la portada de un diario español. Y lo peor de todo,
defraudó el espíritu de la celebración del día de nuestra independencia llevando
su lucha político partidaria allí donde la historia nos convocaba a una
festividad de confraternidad nacional. Así, mientras de sus labios brotaban
apelaciones a la unión nacional, sus acciones empujaban a la Provincia de
Buenos Aires a una crisis inédita y
lograba el dudoso mérito de provocar una nueva fractura sindical de la
Corporación General del Trabajo.
En la nueva frecuencia todo
vale. La expropiación de YPF sin pago de las acciones. El cierre del mercado de
cambios y la apropiación de todos los dólares que lleguen al país incluso los
de las pensiones que les giran a los extranjeros desde sus países de origen. El control de todas las importaciones sin
atender a los compromisos contraídos en los tratados vigentes. La exigencia del
cambio de los dólares que se reciben por las exportaciones efectuadas sin
atender a los tiempos de pago habituales en el mercado internacional y mucho
más. El avance sobre la actividad privada es continuo y avasallante. Las
consecuencias son desastrosas. En pocas semanas se ha logrado crear un panorama
recesivo y consolidar un pesimismo angustiante que se agrava con cada nueva medida
que confirma la tendencia. Ya han comenzado los despidos y el cierre de algunas
empresas. Lo peor es que esta realidad se combina con un ambiente de alta
inflación (que sólo se anima a informar el Congreso por temor a las
represalias) y con precios internacionales de la soja que son records
históricos.
Cualquier gobierno sensato
estaría seriamente preocupado ante este panorama. El nuestro, en cambio, lanza
a sus voceros a hablar de una modificación a la Constitución advirtiendo que no
se trata (solamente) de la posibilidad de instalar una re-elección presidencial
sino de modificar los principios doctrinarios y los valores inspiradores de nuestra
carta magna sobre la base de una elección ganada con el 54 por ciento de los votos.
Ciertamente el panorama nacional de la Argentina es serio y preocupante.
Al gobernador Scioli lo sorprendieron
desde el ámbito nacional negándole los fondos prometidos para el pago del
aguinaldo en la provincia. Después le impidieron promulgar la emergencia
económica y obtener fondos mediante la venta de bonos. La presidente le critica
duramente y el vice gobernador se ocupa desde la legislatura de atarle las
manos. El gobernador no responde a los agravios. Esquiva como el mítico boxeador
Nicolino Loche. Es una cortina en la que no rebotan los pelotazos. No parece
haber presión que lo inmute pero no puede evitar que los empleados estatales
con el aguinaldo postergado, sumen marchas, bloqueos y días de huelga. Su pasividad llama a dudar acerca de si su carácter
es apropiado para los desafíos que tendría una figura presidencial pero su
situación hace evidente el grado de perfidia del gobierno nacional y la falta
de lealtad hacia sus propios hombres. La reflexión que invade el mundo político
es que si esto le hacen a uno de los suyos cuan poco es lo que pueden esperar
los opositores o aun los neutrales. Esta disputa tiene un final abierto que
puede llegar desde un embate judicial para forzar un juicio político al
gobernador hasta la generación de un caos generalizado en
la provincia. En cualquier caso, es una demostración de la falta de
racionalidad, respeto y mesura de un gobierno nacional sintonizado en una
frecuencia furibunda.
Mientras las disputas
políticas agravan la situación económica, cada semana tenemos nuevas marchas de
vecinos lanzados a protestar contra la inseguridad y la violencia criminal en
las calles. Esta semana las marchas fueron en Moreno, Morón y Necochea así como
la anterior se sucedieron en Cañuelas y Baradero. En la ciudad Autónoma los vecinos se reúnen en los barrios. Los
ciudadanos sufren. Los ciudadanos mueren. Los ciudadanos piden, claman y
reclaman pero particularmente desde el gobierno nacional ni siquiera se permiten
mencionar la existencia de este drama como si al no nombrarlo pudieran,
mágicamente, conjurarse los males. Fue preocupante
esta semana escuchar al hijo de una
víctima fatal decir que estaba dispuesto a comprar un arma para defenderse por
sí mismo. Es la expresión simbólica del fracaso de la esperanza del individuo
que vive en comunidad esperando como supuesto mínimo que el Estado, a quien
cedió el monopolio de la fuerza y a quien sostiene con el pago de sus impuestos,
proteja su elemental derecho a la seguridad. No hay excusas ideológicas que
justifiquen que no se tome la decisión política de que las fuerzas policiales
puedan actuar con un grado de respaldo jurídico como para recuperar al menos el
control de la calle que hoy está en manos de los delincuentes. El caso de la Provincia
de Santa Cruz , donde las condiciones insostenibles en que debe trabajar la
policía llevaron a un acuartelamiento que dura más de una semana, es una
situación límite que debe ser evitada antes de que se haga tendencia.
Recordemos que la seguridad y el bienestar de los habitantes de un país son los
objetivos básicos que se persiguen en un
estado de derecho.
Además de los grandes titulares
que ganan los conflictos sociales se conocieron también esta semana hechos que
merecieron pequeños espacios pero que fueron sumamente trascendentes. Tal el caso del empresario Carlos Blaquier, titular
del ingenio Ledesma, que fue citado a declarar por la supuesta complicidad de
su empresa en delitos de lesa humanidad sucedidos durante el gobierno militar
que actuó hace más de treinta años y cuya audiencia tuvo que ser suspendida por
el ataque que recibió por parte de integrantes de pseudo organizaciones de
derechos humanos en la provincia de Jujuy. Más allá del vandalismo de estas
acciones que denuncian la verdadera naturaleza de organizaciones que utilizan
el nombre de un baluarte de la humanidad, como son los derechos humanos, para
perseguir fines sectoriales y reivindicaciones políticas, asombra la continuidad
interminable con que se extiende esta persecución ideológica cada vez a más
sectores sociales y con argumentos que suman falacia sobre falacia. La justicia
argentina y en particular nuestra Corte Suprema cargará como un estigma sobre
su historia el haber permitido la violación de principios básicos del derecho
tales como juzgar a personas por figuras penales incorporadas a la legislación
con posterioridad a los hechos que se les imputan como sucede con el delito de
lesa humanidad que aparece en el Estatuto de Roma en 1998 y se aprueba en
Argentina después del año 2000. Pero a los cuestionamientos de fondo se suma la cuestión, no menor, de la
forma, el abuso y la crueldad de los
procedimientos. Pongo como ejemplo la muerte
del Suboficial Mayor de la Fuerza Aérea Gregorio Molina quien falleció esta
semana en prisión, sin sentencia firme, afectado de un cáncer de colon con
metástasis. Con su muerte suman más de un centenar los miembros
de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad muertos en prisión, del total
del más de mil que se encuentran imputados
y detenidos bajo la figura de lesa humanidad. Para todo aquel que conoce
mínimamente el funcionamiento de organizaciones verticales como son las fuerzas
armadas y policiales surge meridianamente que nunca puede imputarse a un
suboficial o a un oficial de baja jerarquías por delitos que internacionalmente
se aplican a los jerarcas que conducen las instituciones. Como dato histórico les comento que el Juicio de Nuremberg
desarrollado por un Tribunal Penal
Militar Internacional a los responsables del asesinato de millones de
prisioneros fue conducido contra 24 jerarcas militares y civiles que ocupaban las máximas jerarquías
del Estado y de los cuales 21 fueron condenados y 3 absueltos. Hubo luego juicios
posteriores contra 24 médicos y 16 jueces con responsabilidad directa en la
organización de los campos de exterminio y todo se efectuó en menos de un año a
pesar de la complejidad de la causa. Es lícito preguntarse qué extraña jurisprudencia
se aplica en Argentina donde se persigue y se mantiene detenidos desde hace
años a cientos de hombres que carecían
de toda capacidad de decisión en la estructura de sus organizaciones así
como se ignora los crímenes cometidos
por los miembros de organizaciones terroristas y se apela a figuras jurídicas retroactivas y ajenas a nuestro sistema de
derecho. Este es otro de los graves
temas que tenemos que poner frente a la luz porque no podemos hablar de
justicia mientras ignoramos flagrantes casos de injusticia y violación de los
derechos humanos de los detenidos de origen militar y policial.
Me despido con una reflexión.
Con el ataque a Scioli (considerado adversario político de la presidente) y el
lanzamiento de la feria propagandística gubernamental Tecnópolis, quedó
inaugurada, para los que no lo advirtieron, la campaña electoral 2013. Esa
elección será la madre de todas las batallas ya que será un evento generativo. De
lograr el oficialismo sumar suficientes legisladores pretenderá modificar la
Constitución para permitir la continuidad de la señora Cristina Fernández en la
presidencia e imponer su visión de nación.
También surgirá de esa elección la matriz opositora de la futura alternativa
política. Los tiempos fueron anticipados por el gobierno que en su flamante
frecuencia controladora y estatista ha decidido ir por todo y contra
todos. Esperemos que choque contra un muro de ciudadanía, responsabilidad y
democracia, edificado con votos y espíritu republicano.
Un abrazo para todos.
Juan Carlos Neves, Presidente de
Nueva Unión Ciudadana
www.nuevaunionciudadana.org
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