La oposición apoyó el pago a los jubilados, pero pidió tiempo para evaluar el proyecto
Comenzó en la Cámara de Diputados el debate sobre la "ley ómnibus" con la presentación de funcionarios del Poder Ejecutivo. Hubo un respaldo general de los bloques, aunque con matices
La reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, que se desarrolló en el Anexo C del Congreso, se inició pasadas las 13.30 y se extendió por más de seis horas.
El primero en exponer fue el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien apuntó que estos proyectos ayudarán a "sanar una de las heridas más sangrantes de la sociedad argentina" y criticó, sin nombrarla, a la anterior administración: "Un Estado que estafa a sus abuelos es símbolo de una sociedad que no honra a sus mayores. Y una sociedad que no respeta a sus mayores no puede construir un proyecto con grandeza".
"No queremos que ninguna persona mayor de 65 años carezca de ingreso y proponemos una pensión universal, no contributiva y vitalicia", recordó Quintana que establece el proyecto.
Luego, el secretario de Coordinación Interministerial se refirió al blanqueo de capitales. Al respecto, dijo que ese dinero tendrá "como destino único y exclusivo el pago de jubilados" y "sostener la caja de la Anses que está siendo crecientemente deficitaria".
Y marcó que, a diferencia de otros blanqueos, este está basado en la "confiabilidad" que genera el nuevo Gobierno por la liberación del mercado cambiario y por el "contexto internacional que acorrala a los evasores".
Por su parte, el director de la ANSES, Emilio Basavilbaso, enfatizó que el programa alcanza a casi 2,5 millones de juibilados con un promedio de edad de 74 años e indicó que la intención del Ejecutivo es completar el pago y actualización de haberes "en dos años". Sin embargo, aclaró que la ley da un plazo de tres años con la posibilidad de una prórroga por otros tres años.
El titular de la AFIP, Alberto Abad también expuso en el plenario y vaticinó el éxito del blanqueo. Reveló que los argentinos tienen denunciados bienes en el exterior por 30.500 millones de dólares, pero aclaró que el número podría alcanzar los 200 mil millones no declarados.
Para defenderlo, argumentó que "privilegia a los pequeños ahorristas, beneficia a los cumplidores con el fisco y está en línea con las recomendaciones del G20".
Además, adelantó que parte de los fondos repatriados serán usados en fines sociales, aunque aclaró que la idea también es que "estén afectados a proyectos productivos".
Bossio
agradeció el reconocimiento realizado por los referentes del macrismo a
la gestión realizada por el Gobierno anterior en materia previsional. Como
ex director de ANSES, se refirió a un "cambio de actitud" en pos del
"mandato que dio el Presidente que es unir a los argentinos".
Desde el kirchnerismo, el ex ministro Axel Kicillof criticó
que se hayan incluido temas complejos y diferentes bajo una misma
órbita. En se sentido, señaló que los cambios en la coparticipación
debió haberse planteado por separado y abogó porque el oficialismo
ordene los dictámenes para el martes.
Más duro
fue el diputado de la izquierda Néstor Pitrola, para quien se está ante
una “reforma antijubilatoria y no un rescate del sistema jubilatorio”,
según publicó el sitio Parlamentario. A su entender, es “una absurda ley
ómnibus que se está vendiendo a la opinión pública como un beneficio a
los jubilados”.
El massismo también hizo oir
sus reparos. Por caso, Marcos Lavaga propuso que se incluya en la medida
a los jubilados que cobran el haber mínimo.
En
tanto, la socialista Alicia Ciciliani reclamó que se excluya del
blanqueo a los legisladores, contratistas del Estado y funcionarios
provinciales.
Características y polémica
Este proyecto de ley ómnibus está destinado a saldar la deuda histórica con los jubilados, crear un régimen de blanqueo de capitales y formalizar el acuerdo con las provincias para la devolución del 15% de coparticipación retenido desde 1992 por el Pacto Fiscal para financiar a la Anses.El Gobierno cedió a la exigencia formulada por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y el radicalismo para que los funcionarios públicos no puedan acceder al blanqueo, restricción que alcanza a quienes hayan ocupado cargos desde el 1 de enero de 2010.
Sin embargo, el proyecto presentado no dice nada sobre integrantes de los poderes legislativo y judicial y tampoco restringe a funcionarios o ex funcionarios provinciales, de los tres poderes estatales.
El presidente Mauricio Macri dejó en manos de los legisladores la autoexclusión de la iniciativa e incluso la decisión de sacar a los miembros del Poder Judicial de la posibilidad de exteriorizar capitales antes de enero.
Tras la reunión de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social, se espera que el debate continúe la semana próxima, con la posibilidad de emitir dictamen para ser tratado en sesión.
Comentarios