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Complicado (1): ¡607.000 millones no alcanzan...! En rojo andan las cuentas públicas de Cristina. CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa). El sector público presenta un alto y creciente déficit, por eso necesita cobrar más impuestos. El origen de los desequilibrios radica en decisiones avaladas con amplios consensos, como las estatizaciones, las moratorias previsionales, el aumento del empleo público y el atraso tarifario. El hecho de que todo lo recaudado por el impuesto a las ganancias de las personas financie apenas un cuarto de los subsidios a empresas públicas y privadas ilustra la magnitud fiscal de estas decisiones. Por eso, carece de lógica avalar estas políticas y simultáneamente rechazar el aumento de impuestos a las ganancias. A menos que se pretenda que el mayor gasto público lo paguen los más pobres con más impuesto inflacionario.       La demanda social por elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias genera cada vez más adeptos y apoyos entre los sectores de ingresos medios y altos. Incluso ha llegado a ser motivo para lanzar el primer paro nacional contra el actual Gobierno. La justificación para solicitar el aumento del mínimo no imponible es que para muchos asalariados el impuesto implica una reducción de su remuneración real ya que con incrementos de salarios nominales que apenas compensan la inflación una mayor incidencia del impuesto trae aparejada una reducción del salario “de bolsillo”.     Desde el punto de vista individual el razonamiento es correcto. Mientras que en el año 2000 el impuesto a las ganancias alcanzaba a un asalariado que ganaba 3 veces el salario promedio, en la actualidad comienza a afectar a gente que está cerca del salario promedio. Para buscar las causas de este avance de presión tributaria sirve observar el estado de las cuentas públicas. Según datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación correspondientes al periodo que va entre mayo del 2011 y abril del 2012 se observa que:   >   Los ingresos anuales del Estado nacional se ubican en $ 607.000 millones, es decir, el equivalente al 27% del PBI.   >   Los egresos anuales del Estado nacional fueron $ 644.000 millones o 29% del PBI.   >   Por lo tanto, el déficit fiscal del Estado nacional asciende a $ 37.000 millones o aproximadamente 2% del PBI.   Esta información oficial muestra que la situación fiscal del Estado nacional es apremiante.    A esto hay que agregar los desequilibrios de los Estados provinciales y municipales. El dato más significativo es que la población nunca pago tantos impuestos como en la actualidad  –la presión tributaria supera al 35% del PBI– y, sin embargo, el esfuerzo es insuficiente ya que los tres niveles de gobierno presentan déficits fiscales altos y crecientes. Esta situación explica la búsqueda de la Nación por aumentar recursos fiscales vía la no actualización de los mínimos no imponibles de ganancias y varías provincias lo hagan revaluando los inmuebles o aumentado el impuesto a los ingresos brutos.     Las causas de estos desequilibrios fiscales son decisiones que gozan de amplios consensos o, al menos, no generan grandes rechazos. Se trata de las estatizaciones de empresas (Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, YPF), de jubilaciones otorgadas sin aportes con las moratorias, del no ajuste de tarifas de servicios públicos o del nombramiento masivo de empleados públicos.    Para dar una idea de la importancia de estas decisiones sobre las necesidades fiscales basta con observar que sólo en subsidios a empresas públicas y privadas, el Estado nacional tiene que erogar, por año, poco menos de $90.000 millones. El monto que se estima que el Estado nacional recaudará con el impuesto a las ganancias de las personas asciende a $20.000 millones. O sea, el impuesto a las ganancias de las personas (que tanto rechazo genera) apenas alcanza para cubrir un cuarto de lo que se gasta en subsidios a empresas.   El aumento en la presión tributaria hace a la esencia de la estrategia económica y política iniciada en el año 2003 basada en una vertiginosa expansión del tamaño del Estado. Prueba de ello es que el gasto público más que se duplicó en términos reales al cabo de una década. La apropiación de recursos para sostener esta expansión del Estado se puede instrumentar por dos vía. Una, explícita y progresiva, basada en impuestos directos como el impuesto a las ganancias. Otra, oculta y regresiva, que sería utilizar más activamente el impuesto inflacionario vía emisión monetaria sin respaldo.   Carece de lógica apoyar las decisiones oficiales y simultáneamente rechazar los aumentos de impuestos para sostener el incremento de gasto público. Salvo que se incurra en la hipocresía de pretender que sean los más pobres (por la vía del impuesto inflacionario) los que se hagan cargo de financiar el manejo dispendioso del sector público.