El salvataje oficial de Boudou y Oyarbide
Tal cual anticipamos hace tres días, el Fiscal Federal Jorge di Lello pidió que sea excluido como querellante Nicolás Ciccone, a quien considera un sospechoso al cual hay que llamar a prestar declaración indagatoria junto con toda su familia, incluidos sus dos yernos, que habían declarado como testigos ante el juez federal Ariel Lijo y luego se transformaron en querellantes. El hijo de Di Lello fue designado fiscal en octubre del 2012. Por su parte, la Procuradora General Alejandra Gils Carbó se manifestó en contra de la estrategia del juez Lijo, quien venía acumulando pruebas contra el vicepresidente de la Nación. Entre las más importantes estaban las declaraciones de la familia Ciccone. Así las cosas, el juez desestimaría el pedido del fiscal y la Sala I de la Cámara Federal sería la que tendría que decidir en qué carácter declara la familia citada. Después deberá resolver a su vez la sala de la Cámara de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Jorge Germiniani, que ya tiene el pedido de desistimiento por falta de acción a favor del vice promovida por su abogado Diego Pirota y que fue avalada por el fiscal de casación Javier de Luca, perteneciente a Justicia Legítima. Así las cosas, falta un tiempo largo para que el juez Lijo pueda llamar a indagatoria a Amado Boudou. Di Lello también pidió la indagatoria, pero al incluir a la familia Ciccone el juez se quedaría sin la principal prueba. Esto aunque las negociaciones incompatibles con la función pública se podrían probar con la carta que Boudou, como ministro de economía, le envió al administrador de la AFIP Ricardo Echegaray, quien, a su vez, le echó el fardo al vice y éste hizo lo propio. El juez tiene la última palabra, pero está claro que desde la Presidencia de la Nación se le bajó la orden a Alejandra Gils Carbó para que influya sobre Di Lello para que haga la jugada antes citada.
Los otros casos
No sólo Boudou está protegido por la presidente sino también el jefe de gabinete Jorge Capitanich. Éste, en la mañana de ayer defendió a los hermanos Schoklender, en una actitud incomprensible y, ante una acusación de la Auditoria General de la Nación que acusó a los hermanos Pablo y Sergio y a Hebe de Bonafini en una causa que fue anulada por la Cámara Federal. Aunque ahora aparecieron nuevas pruebas incriminantes, lo que demuestra que en este fin de ciclo la presidente ha decido encubrir a todo funcionario corrupto que pueda prender el ventilador y comprometer a otro alto funcionario. De ahí la designación del Secretario de Justicia Julián Álvarez como consejero de la Magistratura y como representante por los diputados al dirigente de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro, que tienen como objetivo esta tarea y además salvar del juicio político al juez federal Norberto Oyarbide, muy comprometido en el allanamiento judicial a la financiera de Guillermo Greppi, que denunció penalmente a los policías, al secretario del juzgado y al propio juez, ya que le pidieron una coima de 300.000 dólares para no allanarle sus oficinas. Pero por lo pronto ya fueron separados y procesados los policías a cargo del allanamiento y el secretario letrado de Oyarbide. Sin embargo, Álvarez y De Pedro llegan en auxilio del conocido magistrado, que tantos servicios les prestó al kirchnerismo. Al mismo tiempo, también quedaría fuera de riesgo el juez Daniel Rafecas, quien era perseguido por el consejero Hernán Ordiales por allanar el departamento del vicepresidente en Puerto Madero. Así, Rafecas por un lado se beneficia con la actuación del di Lello y Lijo que lo reivindican y por la salida de Ordiales del Consejo. Sólo queda en este tema el consejero radical, senador Mario Cimadevilla, quien acompañaba a Ordiales en esta persecución.
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