Fuertes reclamos internacionales al gobierno de Maduro por la represión

Por Daniel Lozano  |  LA NACION

Amnistía Internacional denunció "uso excesivo de la fuerza", y la ONU pidió que se investiguen las muertes de manifestantes; aún queda un centenar de detenidos
15.02.2014 | 00:00

CARACAS.- Sobre el féretro del joven Bassil Dacosta reposaban una pelota y una camiseta del Deportivo Táchira, su equipo amado. Sus amigos lo despidieron con el himno del club. Del otro lado de Caracas, en el bastión revolucionario del 23 de enero, a Juan Montoya, alias Juancho, le dijeron adiós con una salva de balazos. Como si en la otra vida, si la hubiera, el líder de los paramilitares del chavismo necesitara seguir disparando.

Venezuela honró ayer a las tres víctimas mortales de las marchas del miércoles pasado sin saber todavía qué ocurrió realmente, pero siendo testigo de cómo la versión oficial se resquebrajaba entre críticas exteriores y denuncias internas.
Amnistía Internacional reveló "que las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza excesiva, incluidas armas de fuego" y que hubo actos violentos contra manifestantes "por parte de civiles armados, al parecer perpetrados con consentimiento de fuerzas de seguridad".
La prestigiosa organización lanzó una acción urgente y global por Venezuela y reclamó a su gobierno que respete los derechos a la expresión y a marchar de los manifestantes.
Por su parte, Naciones Unidas (ONU) pidió ayer a Nicolás Maduro que investigue las tres muertes, un reclamo al que se sumó la Casa Blanca. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo pública también su preocupación.
Y no es para menos: las versiones recogidas entre testigos, periodistas y ONG, más los videos grabados, coinciden en que a Dacosta, caído tras la marcha de la juventud opositora, lo mató una bala disparada por un paramilitar o por un agente policial. Una salva de disparos partió de varios individuos de ambos grupos.
Según Maduro, la misma pistola mató también a Montoya, acusado de colocar una bomba contra la patronal de los empresarios en 2008. A Roberto Redman lo asesinó otro paramilitar seis horas más tarde, mientras protestaba contra el gobierno.
"Es precisamente a esos grupos violentos a los que el gobierno no ha podido controlar y el llamado es a que los controle, porque eso entra en la política de desarme", apuntó monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal.
Las explicaciones del gobierno, acompañadas de varios videos editados que no arrojan ninguna luz a las muertes, sólo convencen a seguidores y a gobiernos amigos.
El "hijo de Chávez" volvió a encadenarse para repetir que un "golpe de Estado" estaba en marcha, lo que provocó la reacción inmediata del dirigente opositor Ramón Guillermo Aveledo.
"El gobierno debe explicar qué militares le quieren dar el golpe", dijo el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Aveledo no encontró respuesta a su pregunta, al igual que en la docena de veces que en los últimos meses Maduro lanzó a la opinión pública tamañas acusaciones sin ninguna prueba.
El dirigente de la MUD también se solidarizó con Leopoldo López, sobre quien pesa una orden de detención que todavía no se había ejecutado al cierre de esta edición.
Las críticas contra el chavismo llovieron ayer de todos lados, pese al gigantesco paraguas de la censura y autocensuras informativas. La fundación internacional Front Line Defenders conminó a que el gobierno investigue de forma inmediata el secuestro y las agresiones físicas contra Inti Rodríguez, defensor de derechos humanos de la organización Provea. Otros abogados y activistas también fueron amenazados, pero se mantuvieron firmes en los juzgados reclamando los derechos del centenar de detenidos que aún hay.
Todos ellos documentan abusos contra los detenidos: descargas eléctricas, maltratos, robo de cámaras o celulares, detenciones ilegales de los heridos en los hospitales y amenazas a los cirujanos para que entreguen las balas extraídas de los más de 60 heridos por disparos.
Gracias a sus denuncias y a la presión de los estudiantes, los tres líderes universitarios de Táchira que permanecían encarcelados desde hace una semana también fueron liberados. Un éxito para el movimiento, que ayer volvió a salir a la calle en todo el país.
En Caracas, la marcha estudiantil atrajo a miles de personas, que recorrieron varios kilómetros para entregar una carta en la sede de la OEA.
"Vamos a responder al ataque fascista contra la patria", arengó el canciller Elías Jaua. El chavismo planeó una gran marcha para hoy en Caracas, contra el fascismo y el golpismo.
Maduro, que estará allí, felicitó ayer el Día de San Valentín vía Twitter: "Felicidades en nuestro día del Amor y la Amistad, sigamos juntos venciendo el odio y viviendo la máxima felicidad en nuestra patria".
Quien también escribió en la red sobre los acontecimientos de la semana fue la cantante Rihanna: "Por favor, mantengan al pueblo de Venezuela en sus oraciones. Devastador lo que se ve". Cuando un vecino chavista de Los Ruices leyó anteanoche las palabras de la cantante, comenzó a gritar. A esa hora, afuera, la calle estaba iluminada por varias fogatas encendidas por estudiantes opositores, que recibieron una contundente salva de perdigonazos policiales.
Las detonaciones no evitaron que se escucharan las estruendosas quejas del simpatizante oficialista. A partir de ese momento, en su casa quedó prohibida la música de la superstar. Otro pintoresco veto en la Venezuela de las censuras.

Urgente pedido a la OEA por la crisis

El reconocido jurista venezolano Asdrúbal Aguiar pidió, en una carta, a la Organización de Estados Americanos (OEA) que convoque a un consejo permanente para que analice "la grave deriva dictatorial que ha tomado el gobierno" del presidente Nicolás Maduro.
En la carta, Aguiar sostuvo que los estudiantes venezolanos -que se manifestaron "pacíficamente" el miércoles pasado para protestar contra el gobierno- "fueron objeto de agresiones y disparos por parte de funcionarios del régimen (...) y miembros de su policía política (Sebin) y de la antigua y venerable Guardia Nacional hoy llamada «guardia del pueblo»".
"Que un gobierno como el del señor Maduro se ponga al margen del Estado de Derecho para reprimir a la disidencia política y encarcelarla (...); que niegue la libertad de prensa como columna vertebral de la democracia (...); que cree deliberadamente riesgos para la vida e integridad personal de los ciudadanos, instigando a la violencia de sus seguidores de calle, para luego argumentar que se trata de grupos nazi-fascistas que intentan desestabilizarlo(...), todo ello representa una grave alteración del orden constitucional y democrático", denunció Aguiar..

Del editor:
cómo sigue. Más marchas, más acusaciones, más cerco sobre el disenso: nada hace pensar que la tensión vaya a bajar en una Venezuela partida.