la crisis social, la hipótesis de conflicto que más inquieta al gobierno
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Estaba previsto que en Davos el gobierno iba a oficializar un giro de 180 grados en materia de política exterior y relaciones económicas internacionales y Mauricio Macri lo hizo con total naturalidad. Recuperó la relación amistosa con los EEUU, se alineó en la lucha contra el narcotráfico, se distanció de Rusia y China, restableció la cooperación en seguridad e inteligencia con Israel y recolocó a la Argentina en un andarivel internacional similar, aunque mucho más atenuado, que el de los ‘90. Pero el presidente también advirtió que las barreras para una rápida negociación con los holdouts son todavía muy altas. Y más teniendo en cuenta que Paul Singer no conduce un frente unificado. Con astucia, el presidente terminó criticando a los holdouts y exigiéndoles una actitud más contemporizadora. En esto sigue el modelo marcado por Néstor Kirchner, que negoció los canjes del 2005 y el 2010 en un clima de máxima tensión. Si Macri se mostrara concesivo con Singer y demás acreedores, estaría impulsando que se forme en Buenos Aires una reacción antiacuerdo, que sólo contribuiría a debilitar al PRO más de lo que ya lo está en el Congreso.
Hay entonces un claroscuro cada vez más marcado entre el desempeño inicial del gobierno en la política exterior y la economía en general y las vacilaciones que se hacen notar todos los días en la política interna.
Sin duda, la hipótesis de conflicto mayor para la Casa Rosada no es hoy lo que vaya a hacer el peronismo, que empieza a entretenerse en una lucha interna que el gobierno incentiva bastante para que la división se profundice. Lo que el gobierno realmente teme es que las medidas de ajuste que se van dando -ahora vienen los tarifazos- enciendan la mecha de la violencia social. Este peligro es mayor para el macrismo por varios factores estructurales. Para empezar, sólo gobierna dos distritos, Capital y Buenos Aires, por lo cual cualquier crisis provincial puede escapársele de control. En segundo lugar, Buenos Aires es un hervidero. El intendente de la Plata, Julio Garro, siguiendo el ejemplo que proclamó Gabriela Michetti desde el Senado al echar a 2000 ñoquis, hizo lo propio con 4500, mientras que sus pares de Merlo y Quilmes se sacaban de encima 3000 y 1000 respectivamente. En el conjunto del conurbano, la purga inicial era de alrededor de 20.000. Pero de inmediato se empezaron a mover fichas pesadas. Cada uno con lo suyo, ATE y el ex intendente (PJ) Pablo Bruera pasaron a la contraofensiva y movilizaron a los despedidos, cuestionando que las listas estaban mal hechas. Y además, les sumaron a los miles de cooperativistas a los cuales el municipio dejó de pagarles y que se ocupaban del barrido de las calles. Entre marchas y contramarchas, Garro advirtió que la Casa Rosada no estaba dispuesta a convertir el conurbano en un campo de batalla global y, torpemente, empezó a retroceder. Muchos de los despidos fueron dejados sin efecto para calmar así las aguas y el conflicto quedó en un nivel intermedio. Lo grave, para el macrismo, es que la retirada de Garro evidencia el temor oficial a la movilización social, cuando ésta puede generar un estallido de violencia.
Es una actitud lógica para un gobierno que no dispone del gran factor de control social con que cuenta el país: los aparatos políticos y sindicales del peronismo. Hugo Moyano y su equipo tomaron debida cuenta de con qué pocas cartas ATE y Bruera, con una cierta colaboración de Florencio Randazzo, hicieron retroceder la primera ola de baja del gasto público.
La pulseada entre Gerardo Morales y Milagro Sala es otro test que se mira con la mayor atención.
Nadie ignora, en las oficinas de la AFI, que el cristinismo captó económicamente a parte del activismo trotskista, a Quebracho y, desde ya, que cuenta con cientos de grupos capaces de organizar focos de violencia más o menos significativos. El ajuste sería la justificación ideal. En este punto es donde aparecen los grandes dilemas: si para evitar la conflictividad social el gobierno gradualiza al máximo el ajuste, el resultado económico positivo puede ser mínimo. Si hace lo contrario, puede entrar en un clima enrarecido. Durante 13 años y al amparo de la letra de próceres del progresismo como Eugenio Zaffaroni, la jurisprudencia y el mundo mediático sacralizaron la idea de que no se debe, en ningún caso, “criminalizar la protesta social”. El problema es que la misma era una herramienta manipulada por el kirchnerismo para presionar a las empresas y a la opinión pública. Ahora la confrontación amenaza con ser real.
La otra guerra
En Davos se escucharon muchos elogios para el presidente argentino, pero también bastantes interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo hará para ajustar la economía sin conducir el peronismo y con poderosos movimientos de izquierda entrenados y financiados? Cualquiera sabe que para que la economía realmente repunte habrá que atravesar un duro 2016. El tema es cómo se hará.Otro punto, estrechamente relacionado con éste, es que las terceras y cuartas líneas de la administración pública nacional, provincial y municipal siguen en manos de militantes del régimen caído. En ministerios y secretarías, los expedientes se acumulan sin avanzar un centímetro y el desorden no cesa. Muchas de las nuevas designaciones están paralizadas en alguna oscura oficina. Sin duda alguna, el PRO no se había preparado para administrar la provincia de Buenos Aires y ahora la mayor parte de sus municipios -es decir, los que cambiaron de partido gobernante- se encuentran empantanados administrativamente. Así es que los escándalos se suceden uno tras otro. Por ejemplo, María Eugenia Vidal denunció “complicidad” en la triple fuga, pero después designó a los dos funcionarios, César Albarracín y Florencia Piermarini, que están bajo sospecha sobre esta “complicidad”.
Aunque fueron desplazados de sus cargos, los dos funcionarios que estaban al mando del cuestionado Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), tanto Florencia Piermarini, titular del organismo que controlaba a más de 35.000 presos en la provincia, como su superior César Albarracín fueron designados en puestos clave de la justicia bonaerense por la gobernadora.
Primero, María Eugenia Vidal denunció “complicidad” en la triple fuga, pero después designó a los dos funcionarios que están bajo sospecha sobre está “complicidad”. ¿Una devolución de favores?
Piermarini fue nombrada como relatora en la Cámara de Casación Penal bonaerense. La designación de la ex jefa del SPB, que tenía bajo su custodia a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, fue impulsado por el juez Daniel Carral, integrante de la agrupación Justicia Legítima.
Por su parte, Albarracín estaría a un paso de asumir como fiscal adjunto ante la Cámara de Casación Penal bonaerense. Un puesto clave debido a que es el tercero en la escala de mando entre todos los fiscales de la provincia. Sólo están por encima suyo la procuradora María del Carmen Falbo y el fiscal ante la Cámara de Casación, Carlos Altuve.
Causó conmoción en la justicia bonaerense la designación de la cuestionada Piermarini en un tribunal que, entre otras funciones, debe controlar el cumplimiento de las condiciones humanitarias de detención en las cárceles del SPB, un organismo que, hasta la fuga de los tres condenados, dependía de la criticada funcionaria.
Por otro lado, para que Albarracín asuma como fiscal ante la Cámara de Casación sólo falta que Falbo, quien impulsó su nombramiento, le tome juramento, un hecho que hasta ahora no se concretó por las denuncias presentadas por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En este clima, las teorías conspirativas se multiplican. ¿Es cierto que León Arslanián fue consultado sobre la situación de la seguridad bonaerense por un miembro del gobierno nacional?
Un servicio de inteligencia nacional tiene bajo su mira lo que ocurre en La Matanza, capital del kirchnerismo bonaerense, desde donde se estarían preparando nuevas maniobras para erosionar a Vidal en las encuestas.
La guerra contra el narcotráfico y la más vidriosa contra la corrupción están en la primera plana, pero los ojos y oídos del gobierno están puestos en el conflicto social, que es único que puede llevar por el camino de la ingobernabilidad.
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