Detectan pagos de $ 1.835 millones sin aprobación a empresas de trenes
Sospechas de corrupciónLas irregularidades fueron verificadas por la AGN entre 2011 y 2012. Fueron fondos destinados a la UGOFE.
El Gobierno
kirchnerista pagó $ 1.835 millones al servicio de trenes sin aprobación
ni control. La Auditoría General de la Nación (AGN) pudo verificar
irregularidades sobre los fondos destinados a la Unidad de Gestión
Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A (UGOFE S.A) al frente de la
Línea Roca, la cual es la más significativa en términos económicos y de
gestión. La AGN, organismo de control externo del Congreso que
investiga las cuentas públicas, elaboró un informe aprobado por el
Colegio de Auditores, que integran representantes del oficialismo y la
oposición. La conclusión fue unánime: se destinaron 1.835 millones de
pesos, entre los años 2011 y 2012, a los servicios ferroviarios
administrados y operados por UGOFE, sin rendición de cuentas.
La
UGOFE era una unión de empresas privadas conformada Metrovías, Trenes de
Buenos Aires S.A. (TBA) y Ferrovías que hasta el año 2014 operó las
líneas San Martín, Belgrano Sur, Roca y Mitre. Esto implicó que UGOFE
firme un acuerdo de operación para prestar un servicio público y que la
Secretaría de Transporte aprobara y controlara los gastos.El dato relevante es “La falta del rol activo del Estado. La Secretaría de Transporte no se había expedido sobre los 1.835 millones de pesos”, dice a Clarín Alejandro Nieva, Auditor General de la Nación. Se desdibujaron los principios de eficiencia y beneficio social que debe regir las prestaciones de servicios públicos que tienen efecto directo sobre la sociedad. “El control del Estado no existió”, sentencia el funcionario de la Auditoría.
Por otro lado, se encontraron irregularidades en la contratación de la obras. “Los procedimientos necesitan ser transparentes al utilizarse fondos públicos”, señala Nieva. Sin embargo,”UGOFE contrataba a través de la Resolución 187/2006 de la Secretaría de Transporte donde se omitían algunos principios esenciales en materia de contratación pública, afectando la competitividad y la transparencia”, agrega. El informe muestra que el 98 % de las contrataciones se realizaban con proveedores que pertenecen al grupo de UGOFE como Ferrovías S.A y Metrovías S.A. “Por ello era necesario llamar a licitación pública y realizar un registro de proveedores para garantizar la transparencia,” dice a Clarín el auditor. Detalla el informe que la Secretaría de Transporte erogó alrededor de $144 millones en concepto de obras bajo este procedimiento.
Asimismo, las rendiciones de cuentas demoraban entre cinco y nueve meses. Como también disminuyeron los gastos de mantenimiento, en parte debido a la discrecionalidad de UGOFE debido a que se utilizaron alrededor de $28 millones para cubrir costos operativos.
La Auditoría pudo corroborar que tampoco se cumplió con el cupo correspondiente a personas con discapacidad establecido por la Ley N° 22.431 que regula el Sistema de protección integral de los discapacitados. Además, se lee en el informe sobre una tercerización de trabajadores, lo cual atenta contra la seguridad de éstos; al mismo tiempo que se incurre en una importante irregularidad.
La AGN detalla la inexistencia de un régimen de penas aplicable a la operación de los servicios de trenes, dando lugar a que las irregularidades no tuvieran consecuencias en este período.
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