Deuda: Adolfo Rodríguez Saá propone que el Congreso limite al Ejecutivo
El senador nacional plantea que el Poder Legislativo recupere
sus facultades sobre el tema. Presentó un proyecto para que el Gobierno
deba pedir la autorización del Parlamento para endeudarse.
Propuesta aparte. La iniciativa de Rodríguez Saá se debatiría a la par del acuerdo con los holdouts.
| Prensa Senado de la Nación
El senador nacional por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá,
presentó anoche un proyecto de ley para que el Gobierno deba pedir
autorización para tomar nueva deuda, en línea con el reclamo que ya
había expresado en el plenario de comisiones de la Cámara alta que desde
la semana pasada debate el proyecto oficialista que impulsa el pago a
los holdouts.
La iniciativa propone modificar dos artículos de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. En el caso del artículo 60, el nuevo plantea que "el Poder Ejecutivo nacional, las entidades de la administración nacional centralizada y descentralizada, las empresas y sociedades del Estado y todo ente público o privado con participación estatal mayoritaria, no podrán realizar operaciones de crédito público de ninguna naturaleza, ni reestructurar deuda pública, sin previa autorización por ley especial del Congreso Nacional".
Esa ley especial deberá informar el tipo de deuda (interna o externa), el monto máximo autorizado para la operación, el plazo de la amortización y el destino que se le dará al dinero solicitado.
El otro artículo a modificar es el 65. El nuevo texto propuesto especifica que el Ejecutivo y entes públicos tampoco podrán "prorrogar la jurisdicción soberana", sin una autorización a través de una ley especial del Congreso.
El proyecto de Rodríguez Saá, que recibió el apoyo de varios de sus pares como Liliana Negre de Alonso (Interbloque Federal), Miguel Ángel Pichetto, Pedro Guastavino, Beatriz Mirkin, Sigrid Kunath y Marina Riofrío (Frente para la Victoria), entre otros, también deja sin efecto "todas las delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo nacional" vinculadas al "ejercicio de cualquier tipo de autorización o facultad en materia de crédito público".
La aprobación de esta iniciativa evitaría la modificación del proyecto de ley de acuerdo para el pago a los holdouts, que impulsa Mauricio Macri, que será tratado en sesión por la Cámara alta el 30 de este mes. Cualquier cambio en esa iniciativa la devolvería a Diputados y atrasaría los tiempos que urgen al Gobierno para cumplir los plazos impuestos por el juez neoyorquino Thomas Griesa.
Fuentes parlamentarias citadas por la agencia Télam indicaron que el proyecto sería debatido hoy en el plenario de las comisiones de Economía Nacional y Presupuesto, para buscar el dictamen que permita llevarlo al recinto el miércoles 30, junto con el que apunta a regularizar la deuda con los "fondos buitre", que ya tiene media sanción de Diputados y también lograría el dictamen favorable hoy.
Para no repetir la historia
El proyecto sintetiza los planteos que Adolfo Rodríguez Saá hizo apenas la norma oficialista, para allanar el pago a los holdouts, llegó al plenario de comisiones del Senado la semana pasada.
En el caso de la prórroga de jurisdicción, busca no replicar la historia actual que llevó al Gobierno a enfrentar a los "fondos buitres" en la Justicia estadounidense, porque los bonos en su poder fueron emitidos bajo esa jurisdicción.
"El proceso de permanente endeudamiento -que ha sumido a nuestra Nación en vergonzosos procesos de ajuste y generación de pobreza y desigualdad a causa de 'honrar' deudas ilegítimas, ilegales y odiosas- ha seguido una clara matriz, que se repite sistemáticamente a lo largo de la historia de nuestro país, y consiste en endeudarnos con costos exorbitantes y beneficios prácticamente nulos para nuestro pueblo", aseguró Rodríguez Saá al fundamentar el nuevo proyecto.
El senador agregó que a lo largo de la historia, "se ha endeudado al país para realizar obras que nunca se hicieron y, lo que es peor aún, se ha endeudado al país para financiar antiguas deudas".
También señaló que la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros es "parte de esta práctica viciada", y que la misma no estaba permitida hasta que el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, impulsó un cambio en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para permitirla.
Luego de recordar que la Constitución establece que es facultad del Congreso Nacional "contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación", agregó que la sanción de la Ley de Administración Financiera "dio lugar a un proceso de delegación legislativa que hasta el día de hoy no supimos frenar".
"Debemos reconocer que los males que aquejan a los argentinos a raíz de la matriz del endeudamiento son, en parte, responsabilidad del Congreso Nacional, precisamente por no asumir plenamente sus atribuciones constitucionales", admitió.
El legislador puntano indicó que su proyecto plantea que el Congreso reasuma su competencia en cuanto a la deuda, para que "en lo sucesivo el Poder Ejecutivo -el actual y los que le sucedan, del color político que sean- no pueda decidir unilateralmente nuestra política de endeudamiento".
La iniciativa propone modificar dos artículos de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. En el caso del artículo 60, el nuevo plantea que "el Poder Ejecutivo nacional, las entidades de la administración nacional centralizada y descentralizada, las empresas y sociedades del Estado y todo ente público o privado con participación estatal mayoritaria, no podrán realizar operaciones de crédito público de ninguna naturaleza, ni reestructurar deuda pública, sin previa autorización por ley especial del Congreso Nacional".
Esa ley especial deberá informar el tipo de deuda (interna o externa), el monto máximo autorizado para la operación, el plazo de la amortización y el destino que se le dará al dinero solicitado.
El otro artículo a modificar es el 65. El nuevo texto propuesto especifica que el Ejecutivo y entes públicos tampoco podrán "prorrogar la jurisdicción soberana", sin una autorización a través de una ley especial del Congreso.
El proyecto de Rodríguez Saá, que recibió el apoyo de varios de sus pares como Liliana Negre de Alonso (Interbloque Federal), Miguel Ángel Pichetto, Pedro Guastavino, Beatriz Mirkin, Sigrid Kunath y Marina Riofrío (Frente para la Victoria), entre otros, también deja sin efecto "todas las delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo nacional" vinculadas al "ejercicio de cualquier tipo de autorización o facultad en materia de crédito público".
La aprobación de esta iniciativa evitaría la modificación del proyecto de ley de acuerdo para el pago a los holdouts, que impulsa Mauricio Macri, que será tratado en sesión por la Cámara alta el 30 de este mes. Cualquier cambio en esa iniciativa la devolvería a Diputados y atrasaría los tiempos que urgen al Gobierno para cumplir los plazos impuestos por el juez neoyorquino Thomas Griesa.
Fuentes parlamentarias citadas por la agencia Télam indicaron que el proyecto sería debatido hoy en el plenario de las comisiones de Economía Nacional y Presupuesto, para buscar el dictamen que permita llevarlo al recinto el miércoles 30, junto con el que apunta a regularizar la deuda con los "fondos buitre", que ya tiene media sanción de Diputados y también lograría el dictamen favorable hoy.
Para no repetir la historia
El proyecto sintetiza los planteos que Adolfo Rodríguez Saá hizo apenas la norma oficialista, para allanar el pago a los holdouts, llegó al plenario de comisiones del Senado la semana pasada.
En el caso de la prórroga de jurisdicción, busca no replicar la historia actual que llevó al Gobierno a enfrentar a los "fondos buitres" en la Justicia estadounidense, porque los bonos en su poder fueron emitidos bajo esa jurisdicción.
"El proceso de permanente endeudamiento -que ha sumido a nuestra Nación en vergonzosos procesos de ajuste y generación de pobreza y desigualdad a causa de 'honrar' deudas ilegítimas, ilegales y odiosas- ha seguido una clara matriz, que se repite sistemáticamente a lo largo de la historia de nuestro país, y consiste en endeudarnos con costos exorbitantes y beneficios prácticamente nulos para nuestro pueblo", aseguró Rodríguez Saá al fundamentar el nuevo proyecto.
El senador agregó que a lo largo de la historia, "se ha endeudado al país para realizar obras que nunca se hicieron y, lo que es peor aún, se ha endeudado al país para financiar antiguas deudas".
También señaló que la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros es "parte de esta práctica viciada", y que la misma no estaba permitida hasta que el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, impulsó un cambio en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para permitirla.
Luego de recordar que la Constitución establece que es facultad del Congreso Nacional "contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación", agregó que la sanción de la Ley de Administración Financiera "dio lugar a un proceso de delegación legislativa que hasta el día de hoy no supimos frenar".
"Debemos reconocer que los males que aquejan a los argentinos a raíz de la matriz del endeudamiento son, en parte, responsabilidad del Congreso Nacional, precisamente por no asumir plenamente sus atribuciones constitucionales", admitió.
El legislador puntano indicó que su proyecto plantea que el Congreso reasuma su competencia en cuanto a la deuda, para que "en lo sucesivo el Poder Ejecutivo -el actual y los que le sucedan, del color político que sean- no pueda decidir unilateralmente nuestra política de endeudamiento".
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