política
sábado 04 de junio 2016
Los 28 puntos destacados del informe "El estado del Estado"
Cuáles son los desafíos pendientes, errores,
excesos y frustraciones reseñadas en el "Diagnóstico de la
Administración Pública" elaborado por el Gobierno de Mauricio Macri a
diciembre de 2015
1
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La entrega de tarjetas del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria fue
absolutamente discrecional, al punto de que algunas provincias ni
siquiera contaron con el Plan Nacional Alimentario. En Córdoba, por
ejemplo, el plan se aplicó sólo en algunos municipios y no a nivel
provincial. San Luis no recibió asistencia del Ministerio de Desarrollo
Social nacional. Otros distritos como las provincias de Buenos Aires o
La Pampa no recibían ayuda para los comedores de sus escuelas. Tucumán,
una provincia que fue siempre cercana al Gobierno Nacional, recibió por
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 4.285 millones de pesos en
asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, sin que ese dinero tenga
ningún impacto visible en los índices de pobreza e indigencia.
2
No se encontraron registros de índices de violencia de género. No
se hacía un seguimiento de los llamados a la línea 144, ni se había
implementado el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En Argentina no había
estadísticas, registros ni articulación entre los distintos poderes para
prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género.
3
En diciembre de 2015 había en la Argentina 3.800.000 familias: casi una de cada tres familias no tenían una vivienda digna o
vivían en lugares que no cumplían las condiciones básicas de higiene o
hacinamiento para ser sanos y seguros. Una de cada tres viviendas
construidas en el período incumplía los estándares mínimos de calidad
para viviendas de interés social establecidos en los Programas Federales
de Vivienda. Además, en julio de 2015 la ex Subsecretaría de la
Vivienda suspendió progresivamente los pagos a los institutos de
vivienda provinciales y municipales de todo el país con los que tenía
acuerdos y las obras en ejecución se paralizaron y las empresas
constructoras comenzaron a despedir personal.
4
Los
docentes de siete provincias cobraban sueldos menores al salario
mínimo. En 2015, ocho provincias tuvieron más de 20 días de paro. Sólo
la mitad de los alumnos de las escuelas públicas argentinas
terminó el año pasado el secundario en forma. No existían evaluaciones
de impacto con estándares de calidad en los programas y políticas
educativas. Tampoco había información completa y confiable que
permitiera conocer el grado de cumplimiento de las metas comprometidas
por el gobierno. El Estado Nacional debía más de 3.000 millones de pesos
a las universidades. A través del Programa Fundar, la Secretaría de
Política Universitaria transfirió más de 2.000 millones de pesos sin
ningún criterio claro.
5
En
el Hospital Posadas, el más importante hospital nacional, ingresaron a
la planta durante 2015 alrededor de mil agentes: más de la mitad lo hizo
en los 45 días anteriores al cambio de gobierno. El grueso ingresó en
áreas administrativas, alterando el equilibrio entre la dotación
asistencial y la de apoyo administrativo. Muchos no tenían siquiera
tareas asignadas. El Ministerio de Salud invirtió 80 millones de
pesos en la compra de 50 ómnibus y equipamiento para el programa dental
Argentina Sonríe: en el año que estuvo en funcionamiento sólo hizo once
viajes, seis de ellos a Santa Cruz y el resto a Buenos Aires y Entre
Ríos. Muchos micros nunca pudieron prestar servicios.
6
En diciembre de 2015, el PAMI acumulaba
una deuda de 5.500 millones de pesos y perdía unos 250 millones por
mes. Sus autoridades estuvieron involucradas en diferentes maniobras
para desviar fondos: una de ellas fue la emisión de recetas a nombre de
afiliados fallecidos. El padrón de afiliados tenía 400.000 personas
fallecidas por las que se pagaban servicios de salud. A nombre de 7.000
de ellas se compraban remedios que luego se vendían en el mercado negro.
7
Al dejar el Gobierno Cristina Elisabet Kirchner, el déficit fiscal
-de 5,5% del tamaño de la economía- había alcanzado una magnitud
histórica, de las más altas de los últimos 30 años, y había sido
financiado con emisión monetaria, es decir, imprimiendo billetes. En 10
años la inflación acumulada fue de 700%. La actividad económica estaba
estancada desde hacía cuatro años, en los que se habían creado pocos
puestos de trabajo y había aumentado la cantidad de pobres. La
producción industrial cayó durante 22 meses consecutivos entre 2013 y
2015, según el Indec. En ese período, las exportaciones cayeron un 25%.
El atraso cambiario y el aislamiento internacional deterioraron la
competitividad de la producción agropecuaria, de la industria y de los
servicios.
8
La falta de profesionalismo en el manejo de la deuda pública permitió
a los fondos buitre obtener beneficios a costa de los argentinos. La
falta de una negociación seria permitió que la deuda con los acreedores
en litigio pasara de menos de US$3.000 millones a más de US$10.000
millones.
9
La Casa de la Moneda fue
destruida financieramente. Entre 2012 y 2015 pasó de tener un
patrimonio neto de 118 millones de pesos a un saldo negativo de 400
millones de pesos. En diciembre de 2015 le debía 476 millones de pesos a
proveedores y 365 millones de pesos a la AFIP. Y sus resultados fueron
negativos todos los años, de manera creciente, desde 2012. Además, pasó
de 874 trabajadores en 2010 a más de 1700 en 2015.
10
El Banco Central vendió
6.800 millones de dólares para ahorro de sus reservas en 2015. Hacia
fin de año, se vendían, en promedio, 100 millones de dólares por día. En
gran parte, la enorme demanda estaba basada en el precio. A ese valor,
todos querían dólares y todos los dólares que les dejaran comprar. Para
fines de diciembre, el Banco Central había vendido más de 17.000
millones de dólares de contratos de futuros. El monto era tan grande que
cualquier variación del precio del dólar por encima del valor pactado
representaba una erogación impresionante: cada suba de 10 centavos de
dólar costaba 1.700 millones de pesos. Además, el Central tenía graves
problema en su funcionamiento interno: por ejemplo, el mayor costo
operativo del banco era la impresión de billetes, que en 2015 representó
más del 40% de sus gastos. Sin embargo, pese al enorme crecimiento que
tuvo la cantidad de dinero, se decidió mantener el billete de máxima
denominación en 100 pesos, la misma de hace 25 años, lo que significaba
que había aproximadamente 3.000 millones más billetes circulando de los
que debería haber. El exceso de billetes generaba mayores costos de
logística, por supuesto, pero también de destrucción (los billetes
tienen una vida útil promedio de entre un año y medio y dos años, y
destruirlos es tarea exclusiva del Banco Central).
11
Uno de los principales problemas institucionales del INDEC en
diciembre de 2015 era que había perdido una importante cantidad de
personal técnico y profesional, debido a la desarticulación de las áreas
más sensibles en la producción de indicadores, cuando se desplazó a los
profesionales más calificados de sus tareas específicas por no
mostrarse dóciles frente a directivas contrarias a las buenas prácticas
estadísticas. A muchos de ellos se les cambiaron las funciones, se los
suspendió o se los despidió. Una porción no menor optó por la renuncia.
Desde 2011 se incrementó la plantilla de personal en casi un tercio, sin
tener en cuenta las necesidades técnicas y profesionales del instituto.
El
75% de las nuevas incorporaciones no contaba con estudios
terciarios o universitarios. Así, en diciembre de 2015, sólo el 38% del
plantel total tenía formación profesional y técnica, en tanto el
restante 62% se dividía entre quienes tenían educación secundaria
completa e incompleta. En gran parte de las instituciones de estadística
de otros países los porcentajes se dan a la inversa.
12
La industria nacional estaba
estancada y agotada, marcada por una matriz productiva poco
diversificada, poco compleja, desbalanceada regionalmente y que generaba
escaso empleo genuino desde hacía por lo menos cinco años. Además, el empleo se
encontraba empantanado, sostenido en gran medida por la intervención
del Estado: entre 2011 y 2015, el empleo privado creció 3%, mientras que
el empleo público creció 10%. Tampoco fueron años buenos para las
pymes. Entre 2003 y 2015 aumentó el peso de las empresas grandes en el
total de empleo, se estancó el de las medianas y cayó el de las empresas
chicas. Además, en los tres años anteriores al cambio de gobierno
cerraron unas 8.500 empresas, el 80% de las cuales eran microempresas.
Desde 2012, la Argentina dejó de crear empleos formales. Aunque una de
las banderas del gobierno de entonces era decir que el país vivía un
proceso de reindustrialización, en diciembre de 2015 el peso de la
industria en el empleo era menor que a comienzos de los años '90. Hubo
un fuerte desplazamiento del empleo desde los sectores más productivos
de la economía (el agro y la industria) hacia sectores poco productivos,
sobre todo el sector público y el sector de servicios más tradicional,
como comercios minoristas.
13
En la Subsecretaría de Comercio Exterior, no
quedaba ningún registro sobre cuáles habían sido los criterios, montos y
tiempos para aprobar importaciones. Los documentos en papel sobre las
importaciones habían sido destruidos. La oficina estaba vacía y los
operadores y sus computadoras habían sido distribuidos en distintos
pisos en el edificio. Durante los primeros días de gobierno hubo que
administrar en forma manual el comercio internacional del país. En dos
años, se duplicó el personal de la Secretaría de Comercio: de 639
trabajadores en 2014 a 1500 al momento del traspaso. Había personal sin
funciones claras, entre los que se encontraron varios barrabravas de
clubes de fútbol. En una oficina había 41 personas que cobraban
mensualmente pero no tenían ninguna función en la secretaría ni contacto
alguno con el resto del personal.
14
Argentina
pasó de ser el 3° exportador mundial de carnes a ser el 12°. En la
industria frigorífica se perdieron más de 18.000 puestos de trabajo.
15
Un 51% de la población potencialmente activa del país tenía problemas de empleo.
Casi un 50% de los asalariados cobraba menos que el salario mínimo.
Contando a las personas que no trabajaban ni estudiaban, a los
trabajadores en relación de dependencia o independientes que se
encontraban en el mercado informal y a los desempleados, en 2015 había
11,7 millones de argentinos en situación precaria, sobre una población
económicamente activa de 23 millones de personas. Algo más de cuatro
millones de trabajadores privados se encontraban en situación de
informalidad, sin beneficiarse de las condiciones de trabajo negociadas
en convenios colectivos, sin aportes de seguridad social ni protección
contra riesgos laborales y en condiciones de gran precariedad e
inestabilidad. Los ingresos laborales medidos en términos reales no
crecieron desde 2011.
16
La situación financiera de la ANSES se
deterioró durante los últimos años: adeudaba 1.348 millones de pesos a
otros organismos. Una persona tardaba siete meses en jubilarse desde que
solicitaba el turno hasta que cobraba por primera vez. Había un stock
de 253.000 jubilaciones pendientes, 440.000 juicios en curso y 60.000
juicios con sentencia firme a favor de los jubilados. La principal vía
de contacto entre los beneficiarios y la ANSES son las Unidades de
Atención Integral (UDAI), en cuya conducción existía hasta diciembre de
2015 un marcado sesgo partidario: se priorizaban los intereses políticos
por sobre la atención a los jubilados, según múltiples reportes y
documentos. Se crearon nuevas dependencias de atención al público que no
respondían a criterios demográficos sino políticos.
17
Entre
2001 y 2012 las tarifas residenciales de electricidad cayeron un 80% en
términos reales. Estos precios artificialmente bajos llevaron a un
aumento del consumo y una caída de la producción de energía. Entre
2003 y 2015 el consumo de gas natural creció 41%, el de energía
eléctrica creció 58% y el de naftas, 153%. Sin precios razonables, la
oferta no acompañó. Entre 2003 y 2014 se perdió un stock de reservas
equivalente a casi dos años de producción de petróleo y a más de nueve
años de producción de gas. Esto produjo un deterioro del servicio: los
cortes en la provisión de gas, sobre todo a la industria, pasaron de 3%
en julio de 2003 a 17% en julio de 2015; y los cortes de electricidad en
la región metropolitana de Buenos Aires pasaron de 8,3 horas por hogar
en 2003 a 32,5 horas por hogar promedio en 2015. Esta situación
perjudicó a los usuarios domiciliarios, al comercio y a la industria.
ENARSA gastaba más de 19 millones de dólares por mes en generadores de
emergencia en barrios como Recoleta o Barrio Norte.
18
Nucleoeléctrica
Argentina SA es la empresa estatal que opera las tres centrales
nucleares del país: Juan Domingo Perón (conocida hasta 2014 como Atucha
I), Néstor Kirchner (conocida hasta 2014 como Atucha II) y Embalse. El
75% de sus empleados no tenía tareas específicas. La empresa compró los
primeros 10.000 ejemplares del libro de Julio De Vido, sobre Néstor y
Cristina Kirchner. La Comisión Nacional de Energía Atómica debía 2.200
millones de pesos. El Yacimiento Carbonífero Río Turbio pasó de 1200
empleados en 2005 a casi 3000 en el 2015. La mina debió estar lista en
2010 para producir dos millones de toneladas de carbón por año. En 2015,
sin embargo, sólo produjo 48.000 toneladas.
19
En diciembre de 2015, la inseguridad y el narcotráfico habían
crecido en el país hasta llegar a convertirlo en el tercer proveedor
mundial de cocaína y el país con la mayor tasa de robos del mundo. Todo
esto sucedió en un contexto donde se desarticularon las fuerzas de
seguridad y dejaron de publicarse las cifras y estadísticas que podrían
haber servido para atender esta situación. En simultáneo, las
autoridades tomaron algunas decisiones que empeoraron esta situación y
contribuyeron a convertir a la Argentina en un territorio favorable para
el desarrollo de actividades ilícitas. La importación de efedrina se
multiplicó 100 veces en pocos años.
20
El Ministerio de Defensa era
uno de los organismos donde la falta de información y la ausencia de
registros era más generalizada. Era, además, un ministerio que estaba
casi desmantelado. Se encontraron, por ejemplo, armas que no estaban
registradas en ningún lado y registros de armas que después no podían
encontrarse en los lugares de almacenamiento. El Estado argentino no
sabía ni cuántas armas tenía ni dónde estaban ni, peor, quién las tenía.
Como no había un registro de las compras y las ventas, y hay rastros de
"robos hormiga" en diversos lugares, cualquiera pudo haber comprado
armamento de guerra sin que las autoridades lo supieran. En ese marco,
se encontró una oficina con decenas de personas dedicadas a la
administración de redes sociales partidarias. El personal civil de
Inteligencia Militar se multiplicó por cuatro.
21
Históricamente, Fabricaciones Militares llegó
a administrar 15 fábricas en todo el país con 150 empleados en su
administración central en Buenos Aires. En diciembre de 2015, aunque
sólo poseía cinco fábricas, tenía en su sede central 600 empleados. Sólo
en el área de Prensa y Comunicación había 50 personas. Tenía un déficit
de 1.200 millones de pesos por año. la empresa invirtió 350 millones de
pesos en un taller para construir vagones para los que no había
demanda en el país.
22
Entre 2012 y 2015, la cantidad de empleados del Ministerio de Justicia se
duplicó, de alrededor de 3.000 a unos 6.000. El Sistema Penitenciario
Federal estaba en una situación de emergencia: en diciembre de 2015,
hacía tres años que el Servicio Penitenciario Federal no contaba con
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). La Unidad Penitenciaria de
Ezeiza tenía deudas por 800 millones de pesos para sus empleados.
23
El
presupuesto para ciencia y tecnología de las universidades nacionales
se redujo del 3% en 2003 a 0,3% del presupuesto universitario en 2015.
24
La administración del Ministerio de Cultura pasó
de 3.000 empleados a 4.064 en 2015 sólo en 2015, entre las diferentes
modalidades de contratación. Se recibieron 1145 facturas impagas por más
de 156 millones de pesos. El Instituto Nacional del Teatro (INT) estaba
paralizado.
25
En la Cancillería, proliferaron
los cargos políticos sobre los funcionarios de carrera. Puestos
directivos claves fueron ocupados por militantes sin la experiencia
profesional necesaria. Numerosos ascensos fueron decididos en función de
la militancia. Además, había un sistema de toma de decisiones donde
casi todas las medidas eran tomadas desde la cúspide, muchas veces en
forma discrecional, sin el estudio y el trabajo de las áreas de base.
26
El
sector de telecomunicaciones presentaba al menos siete desafíos
importantes: la deficiente prestación de los servicios de
telecomunicaciones, una insuficiente resolución de los reclamos de
usuarios, un notorio incumplimiento en el otorgamiento de las licencias
únicas de servicios de telecomunicaciones, el congelamiento innecesario
de los fondos del servicio universal, normas obsoletas, sobre todo para
una industria que cambia todo el tiempo, severos problemas en la reglas
de interconexión de las redes, y falta de licitación de frecuencias del
espectro radioeléctrico. Entre 2003 y 2015 prácticamente no se otorgaron
licencias nuevas. El Estado abandonó su principal obligación de
mantener competitivo el mercado.
27
Arsat
tiene un equipo técnico de soporte y desarrollo de muy buena
calificación. Sin embargo, Arsat 2 quedó sin vender hasta que se inició
el nuevo gobierno. La Red Federal de Fibra Óptica, construida por el
gobierno anterior y con una extensión de 36.000 kilómetros tendidos,
sólo se habían "iluminado", es decir, que se encontraban listos para ser
usados, unos 6.800 kilómetros.
28
La
Dirección Nacional de Vialidad tenía obligaciones impagas por 13.000
millones de pesos. Aunque tiene el 0,7% de la población del país, Santa
Cruz recibió el 12% de las obras de Vialidad Nacional. El precio por
kilómetro era entre un 30% y un 50% más alto que en el resto de América
Latina. Entre 2008 y 2015 Aerolíneas Argentinas, recibió aportes del
Tesoro por 29.676 millones de pesos, un promedio de dos millones de
dólares por día. En los trenes del área metropolitana casi la mitad de
las vías se encontraban en un estado regular o malo, el sistema de
frenado automático estaba instalado en sólo el 10% de la red, en la ex
línea Roca, y casi todos los ingresos de las empresas ferroviarias
venían no de los boletos pagados por las pasajeros (cuyo aporte era
mínimo), sino de los aportes del Estado Nacional. En la Subsecretaría de
Puertos y Vías Navegables, sólo funcionaba una draga dentro de una
flota de 115 embarcaciones.
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